Los indicadores en materia de derechos humanos pueden definirse como herramientas destinadas a medir y reflejar el estado de realización de un derecho humano, civil, cultural, económico, político y/o social a través de variables cuantitativas o cualitativas, susceptibles de ser controladas u observadas. Estas herramientas permiten no solo formular, dar seguimiento y evaluar programas y políticas públicas encaminadas a la promoción y protección de los derechos humanos, sino también medir los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos por el Estado en cuanto a la realización plena de los derechos humanos.
Diferentes órganos en derechos humanos han recomendado al Estado boliviano desarrollar indicadores y datos estadísticos que permitan hacer el seguimiento de la realización de los derechos humanos en Bolivia. Así, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona en su recomendación Nº 26 dirigida al Estado boliviano, “(…) que adopte indicadores y metas, basados en derechos, que permitan monitorear la realización progresiva de los derechos reconocidos en el Pacto y que para este fin se cree una base de datos desagregados y actualizados, especialmente por regiones y grupos vulnerables”.
En ese marco, y con el objeto de cuantificar los esfuerzos realizados por el Estado boliviano con relación a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como la finalidad de contar con información estadística actualizada que permita al Estado medir la implementación de políticas públicas para la realización y disfrute de los derechos humanos, el ahora Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, y el Instituto Nacional de Estadística, con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, establecieron una alianza estratégica para el desarrollo conjunto de indicadores de derechos humanos, que se oficializó con la firma de un Convenio de Cooperación en mayo de 2012.
A partir de esa fecha, estas tres instituciones conformaron un Equipo Técnico de Trabajo (ETT) que –sobre la base de una metodología participativa de trabajo que contó con la participación de más de 30 instituciones estatales– ha liderado y acompañado el desarrollo de indicadores, inicialmente, para seis derechos humanos priorizados: Alimentación Adecuada, Educación, Salud, Trabajo, Vivienda y el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia.
Como resultado de las buenas prácticas y la validación de la metodología participativa de trabajo, en 2014 se asumió el reto de generar indicadores para otros tres derechos más: Acceso a la Justicia y Juicio Justo, Agua y Saneamiento y el Derecho a Vivir una Vida Libre de Trata y Tráfico. Un año más tarde, las tres instituciones renovaron el Convenio de Cooperación.
Durante estos años de trabajo continuo se han definido más de 400 indicadores –estructurales, de proceso y de resultado– para los nueve derechos priorizados. Un trabajo que se constituye en el primer e importante esfuerzo de entidades estatales, coordinadas por el ETT, en construir indicadores de derechos humanos para garantizar un país donde se promocionen y protejan los mismos.
